¿Qué se espera de nosotros, los hombres de leyes, en un Estado de Derecho, qué nos pide la sociedad, y si acaso hemos cumplido o no con tal exigencia?
La profesión de abogado está en crisis, a nivel nacional existen en la actualidad más de 75 mil abogados; el Estado ha permitido la apertura de facultades de derecho sin ningún control, creyendo que para enseñar abogacía basta una pizarra, unas cuantas sillas y un profesor improvisado.
Al ritmo que vamos pronto nos convertiremos en un país de falsos abogados, que solo habrán pasado por la universidad, pero la universidad no habrá pasado por ellos. Estos potenciales profesionales del derecho constituyen un peligro, una clara amenaza para el sistema judicial y legal del país. Esto es, tanto el sistema legal como el sistema judicial comienza y termina en el abogado, los hombres de leyes somos quienes activamos el sistema legal y judicial del país, y muchas veces cuando el ejercicio de la profesión se hace de un modo irresponsable o frívolo nuestra conducta no solo distorsiona estos sistemas sino que en la práctica implica un enorme costo económico para el Estado y por lo tanto para la sociedad.
Las cifras grafican mejor lo que pretendo decir: en la actualidad existen cerca de 2 millones de procesos en curso en el Poder Judicial, y cada año ingresan cerca de un millón más. El 60% de estas causas son escritos o demandas chatarra, es decir, demandas sin ningún fundamento legal, y sin ningún fundamento material, demandas que nunca debieron ingresar al sistema judicial, pero lo hicieron debido a que no existe ningún control en el ejercicio de la profesión; y la sobre carga que produce estas demandas implica muchas veces el telón de fondo de la corrupción en el sistema judicial y es también en gran parte la causa de la ineficiencia del sistema, por lo que necesitamos urgentemente una reforma para el control de nuestra profesión.
El control de la profesión del abogado debe ser una responsabilidad compartida y debe darse en tres etapas:
1. En la formación de abogado, evitando que proliferen las facultades de derecho sin una debida acreditación, pues como ya antes dije, en la actualidad se forman abogados por correspondencia sin ningún tipo de supervisión. En esta etapa el control debe estar referido al nivel y la idoneidad de la enseñanza. He comprobado con decepción y preocupación que existen facultades de derecho que enseñan a sus alumnos con normas derogadas y con jurisprudencia superada, con doctrina de hace más de medio siglo.
2. El siguiente límite debe ser el control de acceso a la profesión, y debe estar a cargo de los Colegios profesionales. Es indispensable implementar, como existe en otros países que cuidan su sistema judicial y legal, una suerte de examen de suficiencia profesional que dé mayores garantías al ciudadano que acude a tomar los servicios del abogado y que dé mayores garantías también al sistema judicial.
3. Y por último, urge implementar un sistema de control en el ejercicio mismo que constituya una muestra de madurez y responsabilidad que los abogados damos a la sociedad.
En el país tenemos miles de leyes, por lo que nuestro sistema judicial parece más a un laberinto legal que a un verdadero sistema. Es difícil saber a ciencia cierta qué está vigente en una masa de normas tan grande. Hemos creado de este modo un sistema legal de opereta, que en la práctica no se cumple; más del 60% del país vive al margen de la ley; y con esto nos damos cuenta que no hemos sabido crear un ordenamiento legal en el que se reconozcan y se sientan representados los distintos pobladores y sus distintas realidades de nuestro país. Quiero enfatizar aquí que esta situación de no solo incumplir la ley sino incluso celebrar tal incumplimiento, se da con mayor frecuencia en los estratos más altos de la sociedad, por eso es que nadie está exento de culpa.
Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República tiene un sueldo base de $ 40,766.ºº, aunado a una compensación garantizada de $ 167,881.ºº, da un total de $ 208,647.ºº, salario al que aplican algunos descuentos, por lo que las percepciones netas al mes del Jefe del Ejecutivo Federal son de $ 148,015.ºº mensuales, establece la Presidencia de la República.
