El abogado, es el profesional del derecho requerido por los litigantes para que los asesoren o actúen por ellos en las contiendas judiciales; atendiendo a su significado latino encontramos que el abogado, es el que defiende, consuela, da socorro. Para la Real Academia Española, abogar es defender en juicio, por escrito o de palabra. Abogacía es profesión y ejercicio de abogar y abogado, es perito en el derecho, que se dedica a defender en juicio los derechos o intereses de los litigantes y también dar dictamen sobre las cuestiones que se le consultan. Yo a esto agrego, que la finalidad suprema y principal del abogado, es la defensa del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas que imperan en él, consagradas tanto en la Constitución General de la República, como en la de los Estados y en las leyes que de ellas dimanan, contribuyendo de esta manera al progreso de la legislación y de la sociedad.
La inseguridad, con un Estado de Derecho débil y una justicia incierta, coarta la labor del abogado, desvirtúa la aplicación de sus conocimientos y desvaloriza su capacidad y destrezas profesionales. En la práctica nos suele ocurrir que para enfrentar el oficio, cuando el medio para el ejercicio profesional no es idóneo, mal comprendido, vulnerable a don-dinero, o a ciertas influencias o presiones de orden social o público, se degenera la profesión del abogado, que debe ser el soporte de la sociedad, líder, que con su capacitación permanente busque la armonía social, la vigencia del derecho y la practica de la justicia en todos sus actos públicos como privados.
Como bien sabemos, la seguridad jurídica es la base para alcanzar las demás seguridades y garantías que necesitan los ciudadanos, las familias, las empresas y las organizaciones sociales de nuestro Estado.
Debemos reconocer que en Tlaxcala nuestra convivencia está lastimada por la sistemática violación a las leyes, por el retrazo en la procuración, administración e impartición de justicia, por la falta de seguridad; nuestras actividades productivas enfrentan un clima de zozobra e inseguridad; nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros conciudadanos son victimas de delitos que lesionan sus vidas, afectan su patrimonio y dañan su dignidad. Lo más infame e irritante de esto, es que muchos de esos delitos son perpetrados precisamente por los responsables del cumplimiento de la ley y la seguridad pública. Quien niegue esto, querrá tapar el sol con un dedo.
En Tlaxcala, el índice de delincuencia a crecido aunque algunos lo nieguen basándose para afirmarlo en el número de denuncias que se presentan; efectivamente, en número, las denuncias son inferiores a los delitos cometidos y esto se debe a la desconfianza que la población tiene hacia las autoridades, gente que no denuncia el robo o la agresión de la que fue víctima en la calle a plena luz del día, ¿porqué?, porque lo único que va a lograr es perder varias horas o días en el Ministerio Público, tratando de integrar una averiguación que en la mayoría de los casos no logra, o en otros casos el agraviado es quien tiene que realizar las investigaciones que le corresponden al funcionario, aportándole todos los datos, y al final, prácticamente tiene que suplicarle al agente investigador para que consigne pues ya están integrados los elementos del cuerpo del delito, “agente” que alegando un exceso de trabajo lo trae a la vuelta y vuelta, resultando esto desgastante tanto física como emocionalmente para la ciudadanía.
Desafortunadamente para los Tlaxcaltecas, la desprofesionalización de los funcionarios públicos y la violación a las leyes, no sólo se encuentra en los órganos encargados de procurar la seguridad pública; sino también en los órganos encargados de la seguridad jurídica. Aquellas personas que tienen la imperiosa necesidad de acudir ante los tribunales a dirimir sus controversias, se encuentran con el gravísimo problema del rezago en las resoluciones judiciales, gente que tiene que esperar varios días, semanas y hasta meses para obtener una resolución, aún las de mero trámite. Procedimientos donde parece que los términos establecidos en la ley corren únicamente para los litigantes, mas no para los funcionarios judiciales, puesto que acuerdan y resuelven fuera de los términos que las propias leyes les ordenan, violando flagrantemente con su actuar el principio de “LEGALIDAD” consagrado en nuestra carta magna.
Los ciudadanos de Tlaxcala aspiramos a tener acceso pronto, equitativo y efectivo a los órganos de procuración e impartición de justicia, a contar con los medios idóneos, para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, en todo momento y en todo lugar. Por ello, es menester exigir a los diferentes estamentos de gobierno, apliquen las formulas adecuadas para brindar ese acceso pronto, eficaz e imparcial a la justicia.
El poder legislativo debe preocuparse por salvar la independencia del órgano judicial y por dotarlo de las atribuciones necesarias para que administre cumplidamente, la justicia, y mantenga, en una organización del tipo de la nuestra, el equilibrio con los demás poderes. Es por ello que los diputados, deberían realizar la función para la cual fueron electos, legislar... legislar a favor de la sociedad que los eligió como sus representantes, anteponiendo el interés social a sus intereses particulares y a los intereses partidistas.
La participación de nosotros como abogados, es fundamental en la consolidación de la cultura jurídica que demanda la ciudadanía; esta nueva cultura jurídica, requiere el ejercicio permanente de la tolerancia y la colaboración en beneficio del pueblo. La nueva cultura jurídica también requiere una nueva ética de responsabilidad pública por la que los gobernantes electos actúan siempre, conforme al interés colectivo, y al mismo tiempo, siempre, rigurosa e inflexiblemente en el marco del derecho y la justicia.
Es inaceptable el uso de la fuerza, la violencia y la ilegalidad, como medios para avanzar en la justicia, la equidad y el desarrollo social de Tlaxcala. Necesitamos avanzar con la fuerza de la ley, pero sobre todo con la solidez de nuestras instituciones, lo que debe ser un marco permanente para nuestro desarrollo.
Es necesario hacer una pausa a la preocupación profesional y disponer del tiempo suficiente para pensar que en cada juicio, el abogado deja parte de su vida; ya que en cada contienda legal se libra una batalla con estratagemas complicados y mil enlaces imprevistos, que pueden poner en peligro y hacer fracasar los más seguros y evidentes derechos; por cuya razón la lealtad entre colegas debe empezar por borrar la caridad franciscana y el paternalismo marxista, es importante recordar que en el ejercicio de la abogacía, la meta fundamental debe ser la consecución de la justicia y el valor del hombre, más que el dinero y el enriquecimiento ilícito, el amor a la sociedad y así mismo; “La cualidad esencial del abogado es el sentido de justicia, su amor al estudio, su inteligencia, su facultad de abstracción, de generalización, pero lo más necesario en esta profesión es la inteligencia y carácter. El tributo esencial del abogado es su moral, la abogacía es un sacerdocio, la nombradía se mide por su talento y por su moral.
Para ello, una responsabilidad que nos concierne a todos como abogados, es cumplir nuestra parte en la construcción de un genuino Estado de Derecho, debemos fomentar una nueva cultura de respeto a la ley, debemos cumplir con nuestras obligaciones, para así, poder exigir nuestros derechos.
Debemos preocuparnos por estar capacitados para enfrentar los retos que día a día nos presenta una sociedad que exige respuestas claras a sus problemas y a sus necesidades, que requieren de un marco legal y jurídico consistente y seguro; responder a esa necesidad social y asumir una postura de profesional, conciente de nuestros deberes, con un conocimiento profundo del derecho. Profesionales a los cuales, los ciudadanos puedan confiarles sus problemas, encomendarles la defensa de su libertad o de sus bienes, con la certeza de que estarán dirigidos y que serán manejados por un auténtico profesional que actúa no sólo conforme a la ley, sino que también apegado a los valores éticos.
La sociedad necesita tener confianza en nosotros los abogados, como profesionales que actuemos apegados a las normas y que respetemos los principios del orden moral. Sólo sumando esfuerzos, lograremos construir el régimen de convivencia social, regido plenamente por el Estado de derecho que todos anhelamos.
Queremos un Tlaxcala donde todos vivamos con la certeza de tener acceso a la justicia y de que seremos tratados con equidad.
