Procuración de Justicia y Seguridad Pública en Tlaxcala

La Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta un marco general de colaboración municipal y de participación de la sociedad civil; sin embargo, la realidad es distinta ya que poco respeta la federación la autonomía municipal y poco hacen los municipios por hacerla respetar, ya que el combate a la delincuencia se orienta a controlarla y no a combatirla.

De principio, la prevención es una prioridad en políticas de seguridad pública y el aspecto punitivo, aunque es necesario considerarlo y planearlo está en segundo término, ya que es prioritaria la cultura de la previsión desde la perspectiva del conocimiento de los posibles conflictos de carácter delictivo y para esto se precisa la conciencia de sostener un gobierno de características democráticas, si bien se requiere un equipo de corte multidisciplinario en la labor de la seguridad pública, la orientación preventiva debe estar sobre la represiva. Ya que la prevención involucra fundamentalmente el aspecto moral: afectos, autonomía, identidad, reconocimiento. Y en el aspecto material, como son: seguridad, educación, alimentos, salud y vivienda, principalmente.

La seguridad pública como política estatal debe ser prioridad, no solo en términos del discurso, cierto que debe enfatizarse el aspecto punitivo, pero cierto es también que se debe tener en cuenta las causas estructurales de la injusticia, deben buscarse nuevas orientaciones y enfoques con respecto a los conceptos, medidas, procedimientos e instituciones eficaces, todo esto involucra ética política, de la cual se adolece en la administración pública en Tlaxcala.

La procuración de justicia involucra además el ámbito del derecho penal que plantea, de los delitos a perseguir, el porqué se persigue y las condiciones del castigo, del cual surgen criterios de política criminal, paradigma útil en nuestra realidad pero que tiene que partir de un enfoque científico y del conocimiento de la realidad social e histórica y del territorio donde se aplique un plan de seguridad pública. Desde la perspectiva de una racionalidad que no se atenga a la tradicional arenga de la Razón de Estado. Idea que considera que el Estado moderno es un padre poderoso; al defender esta posición ante el conflicto social se polarizan las posiciones y la razón de Estado está por encima de la razón de la ciudadanía. Tenemos en Tlaxcala al Leviatán por encima de las voluntades, donde las necesidades y decisiones ciudadanas no son contempladas.

En el discurso de la seguridad pública, recurrentemente se habla de un aumento en los índices de criminalidad y las decisiones o planes van en el sentido de resolver las causas aparentes de la inseguridad, percibiendo solo lo aparente del fenómeno y dejándose en muchas ocasiones la toma de decisiones sobre esta materia a la discrecionalidad de los funcionarios.

En Tlaxcala, la inseguridad y la delincuencia, día a día van en aumento, delitos y delincuentes que, sin embargo, no son perseguidos y sancionados satisfactoriamente por las autoridades encargadas de prevenirlo y combatirlo.

Los factores que inciden en la cuestión criminal que va incrementando alarmantemente en nuestro Estado, son entre otros, la situación socio-económica de la población, la falta de oportunidades, la vecindad que tenemos con el Distrito Federal, Puebla e Hidalgo, así como los grados de corrupción policíaca a las que está expuesta la sociedad. Aunado a lo anterior, la carencia de equipo y personal capacitado, así como de voluntad política en la labor de la prevención del delito.

Los rezagos en la impartición de justicia son enormes, aunque se diga que “seguimos siendo el Estado más seguro”, el esclarecimiento de hechos delictuosos, sobre todo tratándose de delitos graves, son insignificantes y la desprotección a la que se enfrenta la ciudadanía es persistente. Claro que la propuesta y ejecución de una política integral de seguridad pública corresponde al Gobierno del Estado, sin embargo, esta política en términos de bienestar municipal no se aplica y no es sólo por carencia de recursos, sino por los elevados grados de corrupción y contubernio entre las autoridades de justicia y los delincuentes.

Sería de gran ayuda para el mejoramiento de la administración de justicia, realizar un estudio histórico del Estado y de cada uno de sus municipios, conociendo la realidad física, demográfica, económica, social y política, enfatizando las dimensiones referentes a los delitos; también un análisis de tipo criminológico y sociocultural, con un esclarecimiento de conceptos del orden social, que permita ofrecer una explicación cercana a las motivaciones por las cuales son manifiestas las situaciones criminales.

Existe un sesgo en el uso de datos de corte estadístico. Primero, los datos oficiales son engañosos de la realidad; Segundo, muchos hechos delictuosos no son denunciados; y Tercero, los simples datos que constan en una indagatoria, no explican por si solos, las causas reales de la criminalidad, es por eso que desde una perspectiva multidisciplinaria puede ser posible abordar la problemática y proponer una política de seguridad pública y criminal de carácter objetivo. Es urgente realizar una revisión de acciones que se hayan realizado sobre la prevención y el combate a la delincuencia.

Hablando en términos de la lógica paradigmática de la planificación, propongo la creación y/o implementación de los programas de seguridad pública municipal, con la participación de la ciudadanía a fin de integrar una política criminal integral, basado en el análisis y diagnóstico de la problemática de cada municipio, para elaborar una estrategia de cómo lograr la articulación municipal ante la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Federal de Combate a la Delincuencia Organizada, desde la perspectiva de los municipios que reclaman ser, como lo especifica la constitución, “Libres y Soberanos”.

En la propuesta de una política de seguridad pública municipal, es de prioridad estratégica realizar investigaciones referentes al estudio de la cartografía de delitos municipales, insisto, con una lógica preventiva y con intención de señalar cuáles son las necesidades inmediatas específicas de determinado sector territorial, así como la influencia que tienen las organizaciones sociales, ya que éstas cumplen un papel protagónico en el desarrollo municipal como actores sociales en este proceso. Si la responsabilidad de gestión urbana, en muchas ocasiones ha recaído en las organizaciones sociales y esto ha contribuido a una alternativa diferente de gobierno; entonces hay que profundizar esa relación con la participación en gestión social y en la vigilancia comunitaria con conocimientos directos, para poder proporcionar así elementos de control de carácter preventivo, ligándolo con políticas de desarrollo económico y social que incidan en la prevención de posibles delitos y que permitan diluir esas características que tiene la seguridad publica en cada uno de los municipios de Tlaxcala.

Debe darse importancia fundamental a la prevención del delito tanto de manera comunitaria como individual, así como las causas del fenómeno delictivo, ya que la solución no está dada desde el derecho penal.

Tratando de resumir digo que la lucha contra la delincuencia y la violencia no puede mirarse sino a través del principio de corresponsabilidad, desde este punto de vista, todas las instituciones y la comunidad, son vitales en la tarea que requiere el Estado y sus municipios, ya que ninguna, por sí sola y sin el apoyo necesario de las otras, puede llevar a cabo soluciones de asumir, en su caso, la responsabilidad única de atender el problema.

La sociedad tlaxcalteca tiene una crisis de credibilidad en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, por lo que exige que la lucha contra la delincuencia sea de manera integral y correctiva; previniendo, enfrentando sus causas que son de carácter educativo, cultural, social, económico, atacando abierta y directamente la parte sensible de la impunidad que se enraíza en la colusión entre la policía, el servidor público en general y los delincuentes.

Se requiere diagnosticar zonas conflictivas o criminógenas; impulsar la consulta popular, crear escuelas de padres de familia, crear también talleres para fomentar los derechos humanos y crear asimismo, grupos de integración familiar.

Se requiere una concreta participación de las altas autoridades con la población, para que las demandas de ésta sean escuchadas como sociedad civil, en sus organizaciones civiles, sociales y políticas, sobre cómo percibe y concibe la seguridad pública.

Debemos interesarnos en una reforma penal integral asumiendo una postura de prevención, interesarnos en reducir el encarcelamiento y mejorar las condiciones de los centros de reclusión, implementar como sanción para sentenciados, el trabajo forzoso en beneficio de la comunidad, así como para allegarse recursos para la reparación del daño.

Es necesario hacer uso de la tecnología y de las herramientas que esta ofrece para impedir el delito, garantizando que esta tecnología sea equilibrada con inversiones en la infraestructura social, de modo que no sólo estemos reduciendo las oportunidades de cometer delitos, sino la probabilidad de que la gente necesite o quiera cometerlos.

No tendrá solución el problema de la inseguridad pública y no habrá procuración de justicia eficiente, sino se deja en manos de la sociedad civil la vigilancia de éstas. Intentos hay y es de honestidad reconocer que hay intereses profundos, por encima del interés público, de parte de policías y autoridades en el Estado y en los diferentes municipios, así como que la corrupción y la impunidad son un flagelo que hay que atacar radicalmente y que al menos en el Estado de Tlaxcala se requiere voluntad política y real profesionalización de los encargados de la impartición de justicia.

Debemos implementar el programa de seguridad pública municipal, creando los consejos de coordinación que prevé la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dando la oportunidad y la intervención que corresponde a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, de esta manera tendrán efectividad gracias a los diagnósticos y diseños que estos propongan, en la lógica de una planeación policíaca preventiva y democrática. Pudiendo ser en la nueva coyuntura municipal.

La prevención de un solo delito significa un delincuente menos y una víctima menos, menos delincuentes significa menos reclusos, y menos reclusos significa que quienes si deben estar en prisión probablemente estarán encerrados en condiciones que satisfagan las normas internacionales y contribuyan a la readaptación del delincuente a la sociedad y a prevenir la reincidencia.

Hay mucho que hablar y aprender sobre prevención, podrían ayudarnos programas de concientización, diseñados para educar a la gente acerca de la eficacia de la prevención bien enfocada. Podríamos crear un Tlaxcala más justo, más seguro, más tolerante. A fin de cuentas, los costos serán menores para todos.